Esta obra, que incluye las novedades introducidas por la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, analiza la problemática de las ocupaciones ilegales de bienes inmuebles, desde un punto de vista eminentemente práctico, recogiendo la jurisprudencia más reciente y las dudas que habitualmente se suscitan en la práctica judicial a todos los operadores jurídicos. Se encuentra dividida en dos partes, por un lado, las soluciones disponibles en la jurisdicción penal, y por otro, las de la vía civil. En la parte penal se analizan dos caras de una misma moneda, a saber, el delito de ocupación no violenta, y el de allanamiento de morada, con todos los elementos necesarios tanto para el éxito de la acción penal como para la defensa del acusado. La obra recopila las principales alegaciones y objeciones que suelen plantearse en juicio, así como las distintas excusas que podrían llevar a la absolución. A su vez, también indica las diligencias necesarias para preparar la acusación por dichos delitos, el procedimiento aplicable, y los requisitos para solicitar el desalojo del inmueble como medida cautelar. En cuanto a la parte civil, se explican los distintos procedimientos que existen para lograr el desalojo de un inmueble ocupado, con explicación de sus peculiaridades y las cuestiones jurídicas que suelen plantearse ante los Tribunales. Así, se explica desde el sencillo y eficaz procedimiento para la recuperación inmediata de la posesión hasta la compleja acción reivindicatoria, de manera que el lector pueda informarse de cuál de ellos mejor conviene a su situación personal, con sus ventajas y desventajas. La obra también hace referencia a la reforma operada por la nueva Ley de vivienda, que ha incidido de manera notable en el régimen de desalojo de inmuebles ocupados ilegalmente, estableciendo nuevos requisitos y trámites, especialmente cuando los ocupantes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. Todo ello se ha tratado desde el punto de vista de la casuística judicial, prescindiendo de teorías doctrinales, y con un lenguaje asequible, tanto para operadores jurídicos, como para personas que no conocen la materia.